“Es importante (discutir el feminismo) para garantizar que las mujeres no estén en posiciones secundarias. Para evitar el estatus de invisibilidad en que muchos quieren colocarnos. Para que podamos ocupar espacios en que seamos protagonistas”

Marielle era muy conocida por su incansable trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos, especialmente contra jóvenes negros, mujeres y personas LGBTI, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad.

Inspiró a muchas personas. Se negó a guardar silencio sobre los homicidios policiales y siguió denunciando la injusticia hasta horas antes de que la mataran brutalmente en marzo. Un automóvil se puso a la altura del suyo y Marielle recibió cuatro disparos en la cabeza.

El 12 de marzo de 2018, dos personas fueron detenidas y acusadas de haber participado en los homicidios. Es un gran paso pero la investigación debe continuar hasta que se conozca a los autores intelectuales y las causas del crimen.

En una reciente reunión con las dos autoridades que están al mando del caso, ambos se comprometieron a garantizar que las investigaciones seguirán adelante hasta que todos los implicados sean identificados y llevados ante la justicia.

Las autoridades brasileñas no han concluido ninguna investigación sobre quién la mató, pero no dejaremos que archiven este caso. Si un número suficiente de personas alza su voz en favor de Marielle, podremos obtener la justicia que merece.

“Nuestra lucha no solo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger la laguna”

Máxima ha hecho frente a violentos actos de hostigamiento e intimidación por parte de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive con su familia. Entabló una guerra legal con una mina de oro y cobre por la propiedad de la tierra que cultiva. La policía ha atacado a su familia, golpeándola a ella y a sus familiares. Causaron daños a su casa y demolieron una ampliación que estaba construyendo. En una ocasión, los guardias de seguridad armados de la mina destrozaron sus cosechas, que son su medio de vida.

En 2011 y 2014, Máxima denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú. Fue galardonada por su valentía con el Premio Goldman 2016, el más prestigioso galardón medioambiental. Tras casi cinco años de un infundado proceso penal de usurpación, recientemente la Corte Suprema de Perú consideró que no había lugar a continuar con el proceso judicial contra Máxima.

“Vos tenés la bala… Yo la palabra…
La bala muere al detonarse…
La palabra vive al replicarse”

Berta Cáceres fue una valiente mujer defensora de los derechos humanos que puso su vida en riesgo por defender al pueblo Lenca, su hogar y los recursos naturales del territorio en que habitan.

Entre 2013 y 2015, los miembros del COPINH organizaron protestas contra la construcción, por parte de Desarrollos E nergéticos, S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas del COPINH sufrieron numerosos ataques y amenazas de las autoridades y otros agentes no estatales que consideraban que su labor era una amenaza para sus intereses comerciales.

Entre 2013 y 2015, los miembros del COPINH organizaron protestas contra la construcción, por parte de Desarrollos E nergéticos, S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas del COPINH sufrieron numerosos ataques y amenazas de las autoridades y otros agentes no estatales que consideraban que su labor era una amenaza para sus intereses comerciales.

En noviembre de 2018, el tribunal penal de Honduras halló culpable a 7 de 8 personas acusadas de su asesinato. El juicio contra David Castillo, el gerente de DESA arrestado el 2 de marzo de 2018, sigue pendiente. Después de tres años del asesinato de Berta, Castillo Mejía es la única persona acusada de ser “autor intelectual”. Sin embargo, un informe elaborado por el GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas), el grupo de expertos, indica que otras personas podrían haber conocido o participado en la planeación del crimen.

La familia de Berta Cáceres y el COPINH siguen solicitando que todas las personas involucradas en su asesinato sean procesadas, incluyendo a los autores intelectuales.
No habrá justicia para Berta y su familia hasta que estas personas sean investigadas y juzgadas asegurando que los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas sean respetados.

En 2015 la periodista Paola Ugaz junto con su colega Pedro Salinas publicaron la investigación “Mitad monjes, mitad soldados”, y en 2016 ganaron el Gran Premio Nacional de Periodismo por develar abusos sexuales, físicos y psicológicos (recogidos de numerosos testimonios), presuntamente perpetrados en esta institución religiosa contra muchos de sus miembros. Para las víctimas, que esperan justicia desde hace más de 40 años, y que decidieron contar sus dolorosos testimonios, asomaba un poco de luz.

Sin embargo, el caso dio un giro insólito. El Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, denunció a ambos periodistas por difamación agravada ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, demanda que fue aceptada en octubre de 2018. Si son condenados, serán sancionados, con tres años de pena privativa de la libertad y el pago de 200,000 soles de reparación civil.

Para Paola Ugaz, esta querella no tiene otro objetivo que silenciar las investigaciones contra el Sodalicio, que vienen documentando hace más de nueve años. “No hay demandas en el mundo contra periodistas que hayan denunciado casos de pedofilia y abusos físicos y psicológicos. Por el contrario, hay un Congreso contra la pederastia en el Vaticano, y el mismo Papa Francisco ha saludado las investigaciones que develan los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, pero aquí lo se se quiere es borrar lo investigado y desacreditar la palabra de las víctimas”, cuenta Ugaz.

“Con una condena por difamación, quieren desaparecer todo lo que hemos revelado e invalidar todo lo que aún tenemos por decir sobre este caso.”

La periodista asegura que su respuesta a esta demanda, que considera como una flagrante intimidación, será seguir haciendo más y mejor periodismo. “Con una condena por difamación, quieren desaparecer todo lo que hemos revelado e invalidar todo lo que aún tenemos por decir sobre este caso”, sostiene.

A principios de abril el 1º Juzgado Unipersonal Penal de Piura dicto condena al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y al pago de 80 mil soles de reparación civil a partir de la querella por difamación. Sin embargo, unas semanas después, a raíz de la presión ejercida por diversas organizaciones, el arzobispo de Piura desistió de las querellas contra ambos periodistas y los casos fueron archivados definitivamente, logrando asi que se ponga fin al hostigamiento judicial contra los periodistas defensores de derechos humanos.

“Una de las cosas más fuertes es la indiferencia de la gente y de las autoridades frente a los problemas que enfrentamos por exigir ejercer ciudadanía, y lo peor, que minimizan lo que nos toca vivir, sin darse cuenta que juzgan desde su zona de confort”

Las personas trans en el Perú luchan para que su identidad de género sea reconocida legalmente. Esto significa que el Estado debe facilitar el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad y otros documentos oficiales, como un primer paso para hacer valer otros derechos: el derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, al trabajo digno. En esa lucha, la indiferencia de autoridades y de la sociedad en general es tal vez el más grande obstáculo por vencer.

FÉMINAS PERÚ

Leyla lleva más de cuatro años liderando Féminas Perú, una organización que busca empoderar a las personas trans y que trabaja por alcanzar el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. Para ella, uno de los puntos más importantes es asegurar que nuestra esperanza de vida no sea la más corta en la región. La negación de derechos por parte del Estado y la sociedad, lleva a las mujeres trans al trabajo sexual,  a enfermedades, al desamparo, a la violencia y a la muerte. Por eso, desde Féminas Perú buscan que se reconozca la situación de vulnerabilidad que atraviesan y que se apliquen políticas públicas equitativas.

“[…] tengo clara cuál es mi misión. No hay lugar para deprimirme o sentir miedo. En Féminas Perú reconocemos que tenemos que enfrentar un sistema que nos violenta.”

Así como Leyla, muchas mujeres trans se enfrentan a esta realidad y la violencia también las alcanza. Valientes, no descansan en su lucha. Son conscientes que enfrentarse a un sistema patriarcal, donde el ejercicio de derechos para muchos grupos es un privilegio, no es seguro. A pesar de ello, las mujeres trans continúan en la defensa de sus derechos humanos, y nosotros estamos con ellas.

Para Sofía Carrillo Zegarra callar no es ni será una opción. Graduada como periodista, cursa una maestría en gerencia social, y con una familia que desde que muy pequeña le enseñó a no dejarse nunca vulnerar, ha emprendido una lucha por diferentes causas colectivas que son ignoradas o minimizadas en la agenda pública.

¿Contra qué lucha Sofía? Contra la discriminación étnico-racial, contra la discriminación a la comunidad LGTBI, contra la falta de acceso de las mujeres a servicios e información sobre salud sexual y reproductiva, contra la imposibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Para Sofía los derechos de las mujeres han sido vulnerados históricamente. Por eso, desde su experiencia, no se pueden separar los derechos de las mujeres del derecho a la no discriminación. Debemos visibilizar qué grupos de mujeres son los más vulnerados: las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres más pobres, sostiene.

“Debemos visibilizar qué grupos de mujeres son los más vulnerados: las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres más pobres”

¿Cómo se traduce esa discriminación y negación (tácita) de derechos? Para Sofía, en la dificultad para acceder a servicios de salud, a educación sexual integral, a educación con un enfoque de igualdad de género. Esos obstáculos generan un círculo vicioso de pobreza y violencia que reduce o elimina las posibilidades de millones de mujeres a ejercer sus derechos y tener una vida digna.

Sofía Carrillo está convencida de que quienes se oponen a los derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI son las mismas personas que ejercen actos de discriminación étnico-racial. “Se trata de grupos antiderechos que están en contra de derechos que permitan eliminar desigualdades. Están en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGTBI, de los derechos de los pueblos indígenas. Quieren mantener las cosas tal como están”, opina.

EL SUEÑO DE SOFÍA

Sofía Carrillo lucha por un país que transforme los estereotipos de género, las estructuras de poder, y las normas y valores culturales, religiosos y patriarcales. Un país donde defender temas, aún considerados tabú, como la educación sexual integral, o como la capacidad y autonomía de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos, no sea un acto peligroso. Sueña con un país donde las niñas y niños puedan acceder a una educación sexual integral, que permita reducir el embarazo adolescente y la violencia. Un país donde los operadores de justicia garanticen que quienes denuncien la vulneración de sus derechos obtengan justicia y no sean violentados por el mismo sistema.

“Quisiera que las niñas y mujeres afrodescendientes del mundo sepan que cada vez somos más luchando con resistencia y alegría. Es importante saber que nos tenemos”.

Y eso sueños empiezan a concretarse poco a poco.

Tras el derrame, ella y otras mujeres de la comunidad han sufrido diversas afectaciones de salud que no experimentaron antes. Pero eso no la amilana: Flor de Maria ha representado a su comunidad en el Perú y el extranjero en la lucha por encontrar una cura para Cuninico. Ha viajado a Lima, Bolivia y Chile para enfrentarse a Petroperú, el dueño del oleoducto que les bañó la quebrada de crudo. Pese a que el Estado ha declarado estados de emergencia sanitaria en esta zona del país, hasta el momento las autoridades no han podido asegurar un sistema que garantice a las personas el derecho a la salud y el acceso a agua potable, respetando sus derechos culturales.

“Nos hemos ido como demandantes primero a Lima y después a Chile […]. Desde ese momento yo he sido representante y defensora de los derechos de la comunidad. Hemos ido a dar nuestras quejas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a contar lo que estaba pasando. Ahí Petroperú dice que Cuninico […] está bien atendido. Yo me he molestado. Me paré. Yo vengo sin traer documentos, pero yo sí les voy a decir que Cuninico está abandonado. Cuninico no tiene nada.”

Acto seguido abrió su maletín y envuelta en 3 bolsas de plástico, Flor guardaba una botella de agua con petróleo que recogió de la quebrada. La puso sobre la mesa, frente al asombro de los comisionados y los representantes del Estado peruano.

“Yo estaba llevando mi material para hacer ver allá, para que me crean. Mi botella vale más de lo que yo he hablado.”

Cuando Nicolle estaba en el colegio, presenció situaciones de bullying contra compañeras, motivadas por la intolerancia a diferentes maneras de ser, de vestirse, o por romper con el esquema que impone la sociedad de cómo debe ser una mujer y un hombre. “He peleado muchas veces por esas injusticias. No podía con esos abusos. Uno puede vestirse como quiere, ser como quiere, y eso hay que respetarlo mientras no le faltes el respeto al otro. Ese es un principio fundamental en el movimiento y en mi vida”, afirma.

Uno de los problemas que más le preocupa a Nicolle es la alta tasa de embarazo adolescente en el país, y en especial en su distrito, Villa El Salvador. “Varias amigas del colegio terminaron la secundaria embarazadas y hoy tienen a sus hijos. Otras abandonaban el colegio por vergüenza y prejuicios”. Por ello, Nicolle tiene claro que la educación sexual integral en las escuelas es fundamental, para eliminar el machismo y la violencia sexual, y para informar a las niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos reproductivos.

“Es muy importante informar en las escuelas sobre estos temas. No les decimos a los chicos que tengan una familia ahora. Les enseñamos a cuidarse. A cuidar sus cuerpos”

Nicolle tiene claro que se enfrenta a una sociedad muy conservadora, que considera la educación sexual como un tema tabú. También es consciente que se enfrenta a una sociedad que desinforma con fines particulares. Y sabe que aunque el reto es muy grande, está dispuesta a enfrentarlo.

“Yo no quiero vivir en un sociedad de mujeres sumisas, maltratadas, asesinadas. No entiendo por qué hay gente que no quiere que vivamos en una sociedad de respeto, dignidad y solidaridad. Quiero que desde pequeños nos enseñen a respetar a todas las personas, que se implemente la educación sexual integral y no se vulneren nuestros derechos.”

Nicolle sigue trabajando, visitando colegios públicos para dictar talleres, enfrentando con valentía a grupos y discursos que se oponen a sus luchas, con la certeza de que muchos chicos y chicas escuchan con interés y quieren ser informados.